Los arrendamientos de vivienda en Colombia para el año 2024 están sujetos a un aumento que no puede superar el 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, según lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 820 de 2003. Esta legislación, que regula el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y aborda diversas disposiciones aplicables a los inmuebles urbanos destinados a vivienda, establece un marco normativo integral con el propósito de asegurar un equilibrio justo entre arrendadores y arrendatarios.
Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que el IPC de 2023 cerró en un 9,28%, sirviendo como referencia para determinar el límite del aumento en los cánones de arrendamiento para el presente año. Esta medida tiene como objetivo proteger a los inquilinos de incrementos desproporcionados al vincular el ajuste a la variación del costo de vida, promoviendo así una relación arrendaticia más equitativa.
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¿Cuanto es lo máximo que puede ser el incremento del arriendo para el 2024?
Es esencial tener presente que el incremento en los arriendos debe cumplir con condiciones legales específicas. De acuerdo con el artículo 18 de la misma ley, este ajuste solo es procedente después de transcurridos 12 meses desde la firma del contrato de arrendamiento. Además, el valor mensual del arrendamiento debe expresarse en moneda legal y no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble, conforme a las disposiciones establecidas para evitar prácticas abusivas. A continuación, te proporcionamos la fórmula para determinar el incremento en el costo del arriendo.
La notificación del aumento y la fecha de inicio del nuevo canon recae en la responsabilidad del propietario del inmueble, debiendo realizarse con la debida antelación. Según el artículo mencionado, estas notificaciones sobre ajustes en el arrendamiento deben llevarse a cabo a través del servicio postal autorizado o mediante un mecanismo de notificación personal establecido en el contrato. Este enfoque garantiza una comunicación clara y transparente entre las partes involucradas, fortaleciendo la relación arrendaticia y protegiendo los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios. En resumen, este conjunto de disposiciones legales busca crear un ambiente justo y equitativo en el mercado de arrendamientos en Colombia.
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